¿Desde cuándo delinquir es un crimen político?

Fuente: http://www.eldiariodechihuahua.com.mx/notas.php?IDNOTA=135931

"Los tiempos electorales no deben ser motivo para dejar de aplicar la justicia, ni pretexto para que quienes cometen delitos gocen de impunidad bajo el alegato de que son víctimas de linchamientos políticos o de guerras sucias. 
Las irregularidades cometidas en la adjudicación del relleno sanitario, en el manejo del programa Hábitat 2006 y en un cobro del Impuesto Predial, durante la administración de Juan Blanco, fueron temas ampliamente tratados y era evidente que los señalamientos hechos ameritaban una investigación rigurosa.
Como debía ser, el asunto llegó a las autoridades correspondientes, concretamente a la Procuraduría General de Justicia del Estado y fueron hechas las indagatorias necesarias, de las cuales, dados los antecedentes que fueron publicados profusamente, se derivó la solicitud ante un juzgado de que fuera ejercida acción penal contra los ex funcionarios implicados.
Desde antes de que concluyera la administración de Juan Blanco, El Diario hizo público el desastre financiero y la corrupción que privaba en todo lo referente al relleno sanitario.
Hubo declaraciones de los socios de la empresas SIRSSA, concesionaria del relleno sanitario de que la licitación fue hecha a la medida de la empresa a cambio de apoyar económicamente a Juan Blanco, incluso dijeron que en varias ocasiones corrigieron el borrador del documento para que se adecuara a la maquinaria que ya tenían cotizada. Y todo fue con el conocimiento del ex alcalde, quien estuvo de acuerdo luego de que se le prometiera apoyo económico para su campaña en busca de la gubernatura.
Ante estos señalamientos Juan Blanco se empecina en decir que se trata de un linchamiento político y una guerra sucia preelectoral, para perjudicarlo políticamente. Postura que es una vez más el recurso al que siempre acuden los panistas cuando se consideran víctimas políticos o perseguidos luego de que cometen sus fechorías.  
Igualmente en el caso del diputado Roberto Lara Rocha existen pruebas que lo inculpan y éstas se tendrán que desahogar en el juzgado, no en la calle, ni con actos de resistencia civil. El diputado debe enfrentar el delito de peculado por la aplicación indebida de los recursos del ramo 20 del Programa Hábitat. Tanto Roberto Lara, en su tiempo titular de Atención Ciudadana, como Édgar Olivas Mariñelarena, ex subdirector; Guillermo Ayala Moya, ex jefe del Departamento del Programa Hábitat 2006 así como la asistente Marisela Llamas, tienen necesariamente que enfrentar a la acción penal y no lograrán evadirse mediante recursos extralegales:  lo que de los tribunales sale, en los tribunales se debe resolver, lo demás son componendas.
Aún más, en este caso del diputado de la actual Legislatura local, el Congreso del Estado debe dar cumplimiento a la declaratoria de procedencia o desafuero a fin de que proceda el juicio, porque el fuero no es para proteger a los legisladores de la acción de la justicia.
El hecho de que la solicitud de acción penal que puede devenir en órdenes de aprehensión en contra de los inculpados, algunos de los cuales pudieran contender en las próximas elecciones, se haya hecho en este tiempo, podría prestarse a sospechas de que deliberadamente se trata de inhabilitar a alguno de ellos. Pero si fueron razones técnicas o del tiempo de la averiguación, eso deberá asumirlo la autoridad correspondiente y quedará juzgado por la sociedad y la historia.
Pero más allá de que el Gobierno del Estado hubiera actuado con oportunismo político-partidista, ahí están las evidencias y se debe actuar conforme a derecho, con imparcialidad. Tampoco deben influir en el juicio los desplantes publicitarios y mediáticos de los panistas, a quien ahora les toca vivir las consecuencias de lo que en su tiempo sufrió Manuel Andrés López Obrador en la gestión de Vicente Fox.
Los involucrados tienen que responder, ellos sabrán si se desisten de hacer declaraciones:  si las amplían, si desenmascaran a quien les pidió que cometieran alguna irregularidad o simplemente que se hicieran de la vista gorda.
Pero también en esta acción de la justicia debe quedar claro si hubo dinero de por medio y quién fue el beneficiario. ¿Se trata de dinero del que dispuso el ex alcalde Juan Blanco? ¿Qué uso le dio? ¿En qué campañas fue invertido?
De hecho en las declaraciones de uno de los socios de SIRSSA se hace el señalamiento de que el actual alcalde, Carlos Borruel, estaba enterado de la negociación irregular que hubo con Blanco.
La sociedad tiene derecho de saber qué está ocurriendo, debe mantenerse la transparencia del proceso, sobre todo si ya fue ventilado en la opinión pública. No se puede admitir el argumento de que por ser tiempos electorales no se puede perseguir algún delito."